La reincidencia es uno de los aspectos que explican la problemática de seguridad. Cuando las personas salen de la cárcel, no tienen acompañamiento ni oportunidad de trabajo y el delito termina siendo el único camino para la subsistencia. Para cualquier empleo formal, el certificado de antecedentes penales es un requisito excluyente. Este aspecto sumado a la falta de políticas pospenitenciarias a nivel nacional y provincial, dificulta la inclusión social posterior a la cárcel profundizando la problemática de inseguridad.

Desde hace décadas, existe un aumento sostenido del encarcelamiento, con una problemática de inseguridad y reincidencia que hoy en día sólo se trata de forma punitiva: más cárceles, condenas más largas, castigos más duros y que se aplican en su mayoría sobre sectores populares.

Aunque no existen datoscentralizados sobre las personas liberadas, lo cual constituye también parte del problema, los datos estimados establecen que 7 de cada 10 personas que salen de la cárcel tiene probabilidades de delinquir en el primer año. (Celiv, 2022)

• Organización del trabajo en la economía popular.
• Asesoramiento legal y acompañamiento a familiares.
• Asistencia a mujeres con arresto domiciliario.
• Formación en oficios dentro y fuera de las cárceles

La solución que encontramos los liberados, liberadas y familiares a la problemática de la reincidencia fue organizarnos para trabajar en la Economía Popular. Conformamos cooperativas de trabajo a lo largo y ancho del país que realizan distintas actividades productivas como textil, estampado, serigrafía, marroquinería, construcción, carpintería, reciclado, herrería, panificados y gastronomía, entre otras. Estos espacios son llevados adelante por los propios liberados y liberadas, quienes más conocen la problemática y saben abrazar a los compañeros y compañeras para que no vuelvan al delito y construyan un nuevo proyecto de vida que tenga al trabajo en el centro. Además, contamos con un área de asesoramiento y acompañamiento integral a familiares en materia legal, de acceso a derechos y en salud mental.

También realizamos distintos cursos de formación en cárceles con personas que están previas a recuperar su libertad, de modo que cuando salen se insertan en un espacio de trabajo. Asimismo, acompañamos a las mujeres que están con arresto domiciliario, la mayoría de las cuales son jefas de hogar con hijos/as y adultos/as mayores a cargo, y que están imposibilitadas de salir a trabajar para subsistir. Muchas de ellas, deciden volver a la cárcel para cumplir su condena por la dificultad para sostenerse económicamente a ellas y a sus hijos.

Nuestro trabajo es con personas que delinquieron por falta de oportunidades, que son la mayoría de quienes están hoy en la cárcel. Y decimos que es un modelo eficiente porque quienes se insertan laboralmente en los Polos, no vuelven al delito.

• Inclusión laboral en Polos Productivos. 
• Educación y formación técnica y profesional. 
• Acompañamiento comunitario integral.

El proyecto de ley propone la creación e implementación del “Programa nacional para la reducción de la reincidencia mediante la Inclusión Sociolaboral de Personas Liberadas y familiares” dependiente del Estado Nacional a partir del cual se propone la creación de Polos Productivos de Inclusión en todo el país. Podrán acceder a este programa instituciones del Estado,  municipios y provincias de todos los signos políticos, ONG’s, iglesias y todos los actores de la comunidad organizada que trabajen con esta problemática.

La propuesta promueve instancias de educación y formación técnica y profesional tanto en lugares de detención como en los propios Polos. Asimismo, en cada Polo se propone que exista un equipo de acompañamiento comunitario interdisciplinario conformado por profesionales de diversas áreas (trabajo social, salud mental, derecho, etc). Para la conformación de estos equipos se priorizarán a las y los profesionales que hayan estado privados de la libertad, por lo cual también se generarán más fuentes de trabajo para liberados y liberadas.

Para la aplicación del programa, el proyecto prevé la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de los Polos Productivos de Inclusión, representante de la autoridad de aplicación, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, el que tendrá a su cargo el control de la implementación del programa.

El modelo que proponemos es mucho más barato que, por ejemplo, construir cárceles. Además es más eficiente porque trabaja sobre el corazón de la problemática: prevenir  el delito.

Algunas comparaciones:

• Construir dos cárceles nuevas y diez alcaldías, para 4.300 presos, le cuesta a la provincia de Buenos Aires $21.623 millones, mientras que crear y sostener 85 Polos Productivos por un año, para la misma cantidad de personas, costaría $1.445 millones.
  
• Una persona en libertad en un polo sale $340.000 por año mientras que una persona detenida en una cárcel sale $1.600.000, casi cinco veces más.